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Entender la renta básica

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¿Qué es la renta básica? ¿Cuál es su diferencia con la renta mínima? ¿Cuáles son las posibilidades para su financiación? ¿Qué dificultades implica su puesta en marcha? ¿Y qué permitiría? Cuando el Gobierno Español ha aprobado el Ingreso Mínimo Vital, estas preguntas parecen más vigentes que nunca. Y en este momento, la editorial Gedisa publica Entender la renta básica, de Víctor Gómez Frías y Teresa Sánchez Chaparro

¿Qué es la renta básica? ¿Cuál es su diferencia con la renta mínima? ¿Cuáles son las posibilidades para su financiación? ¿Qué dificultades implica su puesta en marcha? ¿Y qué permitiría? Cuando el Gobierno Español ha aprobado el Ingreso Mínimo Vital, estas preguntas parecen más vigentes que nunca. Y en este momento, la editorial Gedisa publica Entender la renta básica, de Víctor Gómez Frías y Teresa Sánchez Chaparro

El libro forma parte de la colección de títulos breves y divulgativos llamada Más democracia, que se propone explicar de manera accesible algunas de las claves del sistema representativo y está dirigida por la politóloga —y colaboradora de infoLibre— Cristina Monge y el catedrático en Filosofía del Derecho Jorge Urdánoz. La serie incluye ya los títulos como Comprender la democracia, de Daniel Innerarity, Reformar el sistema electoral, de Urdánoz y Enrique del Olmo, o Votar en tiempos de la Gran Recesión, de Pablo Simón.

¿Debe adoptarse una renta básica en la economía poscoronavirus?

Hay que precisar qué debe entenderse por "pos": ¿el período en el que ya nos encontramos tras haber irrumpido el virus en nuestras vidas?, ¿una fase de recuperación económica que se podrá abordar cuando la situación sanitaria esté bajo control?, ¿o un futuro de vuelta a una situación similar a la que vivíamos hasta comienzos de 2020? (...)

Hemos abordado hasta ahora nuestras reflexiones sin considerar particularmente la globalización y sin mencionar a Europa más que para estimar las posibles ayudas que podrían provenir de la Comisión o del Banco Central Europeo, aunque la dimensión continental se proyectaría también en cada país en el diseño y posibilidades de una renta básica en sí. Otras regiones del mundo con economías especialmente conectadas tendrían sin duda que realizar reflexiones similares, que pasarían por reforzar los organismos en esos ámbitos territoriales, a la vez que el multilateralismo a nivel mundial parece que se ha demostrado caduco para enfrentarse a la epidemia.

La primera razón para la cooperación supranacional es la competencia fiscal. Se suele hablar del "efecto llamada" de la renta básica respecto a países en desarrollo, pero en realidad esta política pública es ante todo una reorganización del Estado del bienestar y de la administración del gasto público. El atractivo para los vecinos pobres lo produce el Estado del bienestar ya vigente y la prosperidad en términos generales.

El riesgo iría más bien en el otro sentido: que el incremento de impuestos que supone implantar la renta básica provocase desplazamientos de personas o empresas a otros países, dado que en Europa ya existen de hecho varios Estados pequeños que se aprovechan de los demás bajando sus impuestos para atraer a grandes corporaciones o fortunas. Los países grandes pierden, pero no pueden competir en esa estrategia, porque bajar impuestos para ellos supone recaudar menos sin que resulte compensado por lo que aportan quienes pudieran venir. Los paraísos fiscales interiores de la Unión Europea son por lo tanto un lastre y un riesgo para el avance de las políticas sociales en cada Estado miembro.

Podría imaginarse sin embargo lo contrario, a saber, que la Unión Europea promoviera la renta básica o armonizara la legislación para evitar esa competencia desleal que dificulta que pueda financiarse adecuadamente. O incluso que ligara ambos objetivos: se ha propuesto en bastantes ocasiones un seguro de desempleo a nivel europeo sufragado conjuntamente. Podría establecerse una renta básica con un mínimo común sustentado para todos con presupuesto comunitario que complementara cada Estado, contribuyendo así a la solidaridad. Los impuestos de actividades más "móviles" y por lo tanto expuestos a la competencia desleal entre territorios (dumping fiscal) podrían armonizarse a nivel europeo e incluso recaudarlos total o parcialmente por la Comisión para sufragar ese mínimo de renta básica. Podría ser el caso en particular de sociedades y de herencias (el de patrimonio no está generalizado en todos los países y no parece necesario ni oportuno extenderlo económica ni políticamente).

Nos ocuparemos pues aquí tanto de la urgencia inmediata como de la (re)construcción progresiva a lo largo de los próximos años. En un país que contara desde antes de sobrevenir la crisis con una renta básica suficiente (como la propuesta de 450 euros mensuales para España), el efecto socioeconómico habría sido muy diferente: ese mecanismo universal habría evitado las situaciones de pobreza sin tener que desplegar medidas contingentes, con el riesgo de retrasos y errores burocráticos y los diversos perjuicios de las trampas de pobreza.

Como hemos visto, es una medida que en España supondría un aumento del gasto público de aproximadamente el 2% del PIB, una vez que se suprimen todas las duplicidades con otras transferencias monetarias hasta esa cuantía. Por un lado ese 2% es menos que la diferencia en el gasto público de España frente a la media europea. Pero, sobre todo, si la renta básica estuviera ya implantada, se habría convertido en el pilar central del Estado del bienestar, y no podría ser retirada sin desarrollar de nuevo el amplio entramado para atender casos dispersos. Eso no quita que igual que en tiempos de más prosperidad se pudiese ir incrementando la cuantía de la renta básica o modificar el esquema fiscal en que se sustenta, también en una crisis se podría modular a la baja las cuantías o aumentar por ejemplo el tipo del impuesto sobre la renta en que se sustenta al reducirse la base impositiva.

¿Sería entonces adecuado aprobar una renta básica lo más rápidamente posible ante un contexto de crisis económica? Sería una opción relativamente factible en términos operativos para el Gobierno de España si consistiera en declarar su carácter automático. Pero la dificultad burocrática se trasladaría entonces al resto de Administraciones, que deberían descontar su cuantía. Podría a su vez decidirse que esos otros niveles suprimieran pura y simplemente esos mecanismos alternativos de ayuda. Pero surgen varias dificultades.

La primera es que en realidad la Administración central no tiene suficientemente controladas a las personas a las que tendría que conceder una ayuda. De los 38 millones de adultos, 20 millones realizan la declaración de la renta; es decir, que de otros 18 millones la Administración puede no disponer ni de una cuenta corriente en la que depositar la renta básica. Precisamente entre las personas en riesgo de pobreza se concentran quienes no tienen que realizar declaración, y su monitorización por las Administraciones responsables de las cuestiones sociales no implica que exista un registro coordinado con la Agencia Tributaria central.

En segundo lugar, y en el más relevante en términos de complejidad jurídica y operativa dentro del Estado compuesto que es España, hay que tener en cuenta que las ayudas autonómicas superan en general el umbral de 450 euros. En la mayoría de casos en sólo unas decenas de euros, pero en los niveles más bajos de precariedad esas cantidades suponen en términos absolutos y relativos una notable diferencia. Como ejemplo, en Francia en 2018 el aumento de los impuestos a los carburantes, que supondría unas decenas de euros más de gasto al mes para algunas personas, hizo prender el conflicto de los "chalecos amarillos". Y previamente la crítica de mayor amplitud había sido un recorte de cinco euros mensuales en las ayudas para alquiler que reciben los estudiantes y los inquilinos con menores ingresos.

Además, como se ha indicado, la renta básica supone un coste adicional de un 2% incluso si se suprimen todas las duplicidades en otras administraciones, pero requiriendo un notable reajuste impositivo para recuperarla después de quienes menos lo necesitan a través del impuesto sobre la renta, por lo que resulta difícil adoptarla justo cuando se está en un aumento desaforado del déficit que no se sabe en lo inmediato cuánto recorrido puede tener. Se podría establecer con cuantías más bajas, pero en ese caso nos alejaríamos aún más de las ayudas que conceden las Comunidades Autónomas.

Así que no, desgraciadamente, la renta básica no es una medida que se pueda implementar con una suficiente efectividad en cuestión de pocas semanas, incluso aunque tuviera todo el apoyo político posible. No obstante, cabe recordar que tampoco el ingreso mínimo vital es en absoluto una medida adaptada para la urgencia, porque exige desplegar una intensa cooperación burocrática entre niveles administrativos con ajustes mes a mes en función de los ingresos de los beneficiarios, frente a un modelo de renta básica donde los pagos mensuales no requieren comprobaciones y sólo se ajustan los impuestos una vez al año a posteriori.

Lo más adecuado para la urgencia son pues ayudas concedidas con criterios muy sencillos —y si es posible de manera automática para todos, permitiendo que un nuevo beneficiario no registrado pueda solicitar apuntarse—, como por ejemplo que optaran quienes hubieran tenido el año anterior ingresos por debajo del IPREM (7.680€) y no hubiesen recibido las prestaciones por desempleo que otorga también el Gobierno central; o bien el conjunto de personas que ni están empleadas, ni han recibido otra ayuda del Gobierno central, ni declararon el año pasado un cierto patrimonio. Al año siguiente, en la declaración de la renta se regularizaría el eventual reintegro total o parcial para quienes hubiesen tenido finalmente suficientes ingresos en 2020, de tal manera que lo "adelantado" este año podría no considerarse una ayuda como tal sino un simple anticipo fiscal, por lo que no contaría como déficit.

Debemos pues concentrarnos en la posibilidad de implantar la renta básica en una fase de reconstrucción, es decir, no en la urgencia de las primeras semanas sino en los meses que seguirán. (...)

Menos pobreza sin desincentivar la búsqueda de empleo: las lecciones de otras rentas mínimas en el mundo

El informe sobre el proyecto piloto en Finlandia puso de manifiesto que los beneficiarios de la ayuda trabajaron de media 78 días, frente a los 73 registrados en el grupo de desempleados sin prestación
“Menos del 3% de los individuos son pobres tras la aplicación de la renta de garantía de ingresos, mientras que sin ella la incidencia de pobres se situaría en el 6,5%”, señalan las economistas Sara de la Rica y Lucía Gorjón sobre la renta de garantía vasca
Álvaro Sánchez Castrillo

Ya está todo casi listo para que el Gobierno pueda poner la guinda al escudo social construido tras el estallido de la crisis sanitaria. Después de varios meses de trabajo entre diferentes departamentos, el Ejecutivo de coalición dará luz verde en el último Consejo de Ministros de mayo al tan esperado ingreso mínimo vital. “No sufrirá más retrasos”, ha asegurado este lunes en una entrevista concedida a RNE el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. La medida, que ya se recogía en el acuerdo suscrito por PSOE y Unidas Podemos, pretende llegar a unos 100.000 hogares y contempla una prestación que puede moverse entre los 462 y los 1.015 euros. Ayudas que han sido cuestionadas desde diferentes sectores, entre los que también se incluye la Conferencia Episcopal Española, bajo el manido argumento de que desincentivan la búsqueda de empleo. Sin embargo, las diferentes experiencias puestas en marcha en los últimos años en distintos países han evidenciado que estos esquemas, que reducen la pobreza y mejoran la calidad de vida de los colectivos más vulnerables, no tienen un impacto negativo en en el mercado laboral.

Este tipo de ayudas, en realidad, no son nuevas en España. De hecho, el País Vasco lleva desde 1989, más de tres décadas, gestionando lo que se conoce como Renta de Garantía de Ingresos (RGI). Este esquema, diseñado en plena crisis industrial en Euskadi, contempla prestaciones de entre 693 y 985 euros mensuales en función del tamaño de la unidad familiar, que pueden incrementarse hasta los 1.074 euros en el caso de los pensionistas. Los requisitos para el acceso son variados. En primer lugar, demostrar que los ingresos mensuales en la unidad familiar son menores que los que les corresponderían con la RGI. A esto hay que añadirle tener más de 23 años, haber constituido una unidad de convivencia, haber solicitado con anterioridad todas las prestaciones económicas que le pudieran corresponder –pensiones, desempleo o subsidio, entre otras– y estar empadronado y tener residencia activa en Euskadi durante los 3 años anteriores. Los beneficiarios, además, estarán obligados a “buscar activamente trabajo” y a “no rechazar ningún empleo adecuado”.

El impacto de este esquema, del que mensualmente se benefician unos 52.000 vascos y cuyo coste para las arcas públicas se sitúa en los 450 millones de euros, ha sido muy estudiado por las economistas Sara de la Rica y Lucía Gorjón. De hecho, buena parte de sus análisis se han centrado precisamente en los posibles efectos negativos de esta renta sobre el mercado laboral. En uno de sus artículos publicados en 2018 en Fedea, las dos expertas ponían de manifiesto que “la salida mensual media a un empleo” dentro del colectivo que percibía la ayuda se sitúa en el 3%, tres veces menos que dentro del de los desempleados –9%–. Sin embargo, aclaraban que la composición de ambos grupos era muy diferente a nivel de estudios o recursos, lo que hacía necesario hacer una corrección. Una vez hecha, la conclusión a la que llegan es contundente: “La probabilidad de salida al empleo del colectivo RGI hubiera sido la misma si dicho colectivo no hubiera recibido ninguna prestación. Por lo que podemos concluir que la renta de garantía de ingresos no retrasa la salida al empleo”.

A diferencia del sistema vasco, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha decidido que la percepción de su ingreso mínimo vital no esté vinculada a la búsqueda activa de empleo. En este sentido, el esquema se asemeja algo más al probado en Finlandia. En el país nórdico, el experimento consistió en entregar durante dos años –2017 y 2018– una renta mensual de 560 euros libres de impuestos a dos millares de desempleados de entre 25 y 58 años escogidos al azar. Los beneficiarios no tenían la obligación de intentar acceder al mercado laboral, pero tampoco perdían la ayuda si durante el tiempo que durase el proyecto se hacían con un puesto de trabajo. El objetivo principal del experimento consistía, entre otras cosas, en observar si este respaldo estatal servía de acomodo y hacía que disminuyera su disposición a acceder al mercado laboral. Por la baja cuantía percibida, no tenía entre sus prioridades conocer el impacto sobre la pobreza.

Los resultados finales de la experiencia, en la que se comparó a estas 2.000 personas con otro “grupo de control” compuesto por desempleados, fueron dados a conocer la pasada semana por el Instituto del Seguridad Social de Finlandia. Los investigadores de la Universidad de Helsinki, encargados de procesar los datos de un proyecto para el que sólo se han desembolsado alrededor de 20 millones de euros, reconocieron que “los efectos sobre el empleo fueron pequeños”. Aunque, eso sí, ligeramente positivos. Del estudio se extrae que los beneficiarios de la ayuda estatal trabajaron de media 78 días entre noviembre de 2017 y octubre de 2018, frente a los 73 días de media que desempeñaron sus labores los desempleados que no percibieron la renta básica. Cinco jornadas más.

Pasar a “mejores trabajos”

Otro experimento que se ha realizado en los últimos años en relación con este tipo de ayudas ha sido en la provincia canadiense de Ontario. La prueba piloto, pensada para un grupo de unas 4.000 personas de entre 18 y 64 años con escasos recursos, fue puesta en marcha en verano de 2017 con un presupuesto estimado de unos 98 millones de euros. El programa establecía unos pagos anuales de 11.400 euros en el caso de los solteros y de 16.100 euros para las parejas. Es decir, la horquilla se movía entre los 950 euros y los 1.341 euros mensuales. Sin condiciones y permitiendo compatibilizar estas prestaciones con aquellas asignaciones familiares por hijos o subsidios por discapacidad. “No es una suma extravagante. Nuestro objetivo es claro. Queremos averiguar si el ingreso básico marca una diferencia positiva en la vida de la gente; si este nuevo enfoque les permite empezar a alcanzar su potencial”, explicó la entonces primera ministra de Ontario, la liberal Kathleen Wynne.

El experimento estuvo en funcionamiento algo más de un año, hasta que la llegada de los conservadores al poder terminó por enterrarlo. Durante todo ese tiempo, los investigadores estuvieron analizando los efectos de este esquema de ayuda sobre la salud, la educación, la vivienda o la participación en el mercado laboral de los beneficiarios. Los resultados se dieron a conocer el pasado mes de marzo. Y una de las principales conclusiones a las que se llegó es que la ayuda estatal, de nuevo, no desincentivó el empleo. Según los datos publicados, la mitad de las personas analizadas –el 54%– trabajaron antes y durante el proyecto, mientras que otro 24% permanecieron desempleados durante todo el periodo analizado. “Muchos de los que continuaron trabajando realmente pudieron pasar a mejores trabajos, trabajos que tenían un salario por hora más alto, que en general tenían mejores condiciones de trabajo, que sentían que eran más seguros”, señaló a la radiotelevisión pública canadiense el economista de la Universidad de McMaster Wayne Lewchuk, uno de los expertos que participó en la investigación.

Ligero incremento del trabajo temporal en Alaska

Como Euskadi, Alaska también lleva décadas trabajando sobre este tipo de ayudas. En este caso, el Estado entrega a todos los ciudadanos un cheque anual, por lo que es universal. Sin importar el número de hijos o lo abultados que puedan ser sus ingresos. ¿Y cómo lo financia? A través del Fondo Permanente de Alaska. Desde 1976, esta bolsa acumula parte de los beneficios de las compañías petrolíferas obtenidos por la extracción del oro negro. Ese dinero no está parado, sino que los gestores lo invierten en proyectos de todo tipo alrededor del mundo. Anualmente, el fondo hace balance de los ingresos obtenidos a través de esas inversiones y transfiere buena parte de esas cantidades al Estado, que aplicando una fórmula establece el cheque anual que reciben todos los habitantes. Por tanto, la ayuda percibida puede variar. En los periodos más boyantes, se llegó a ingresar en las cuentas de los ciudadanos cantidades que rondaban los 1.800 euros mensuales.

En 2018, Ioana Marinescu y Damon Jones, expertos de la Oficina Nacional de Investigación Económica estadounidense, publicaron un extenso estudio titulado The labor market impacts of universal and permanente cash transfers: evidence from the Alaska Permanent Fund. Así, tras prestar atención a otros estados con características similares a Alaska, ambos investigadores concluyen que “los efectos adversos en el mercado laboral son limitados” y que una transferencia incondicional no reduce significativamente el empleo total”. “Es plausible que el dividendo incremente la demanda laboral a través de sus efectos sobre el consumo”, recoge la investigación, que sí aprecia, no obstante, un ligero repunte del 1,8% en la proporción de personas empleadas a tiempo parcial tras la introducción de la ayuda.

Disminución de la pobreza y mejora de la calidad de vida

De los diferentes estudios realizados, otra cuestión interesante es la que tiene que ver con el impacto que estos esquemas tienen sobre la pobreza. Esa ha sido, precisamente, la segunda pata de los análisis realizados por De La Rica y Gorjón sobre la renta básica en Euskadi. De nuevo, los resultados son importantes. “Se observa que para el umbral de pobreza del Gobierno vasco, menos del 3% de los individuos son pobres tras la aplicación de la RGI, mientras que sin ella la incidencia de pobres se situaría en el 6,5%. Según los umbrales estándar de pobreza, tras la aplicación de la RGI siguen quedando casi un 5% de los individuos extremadamente pobres, mientras que sin ella los extremadamente pobres alcanzarían el 8%”.

Y vivir con una menor presión financiera mejora notablemente la calidad de vida de los colectivos más vulnerables. En el caso de Ontario, la investigación realizada reveló que casi la mitad de los encuestados que participaron en el proyecto habían reducido el consumo de alcohol y tabaco. Y más de ocho de cada diez reportaron una mejora en su alimentación. Un impacto notable tuvieron también las ayudas en el uso de los servicios de salud: uno de cada tres indicaba que acudía con menor frecuencia al hospital y más del 70% que habían accedido con mayor facilidad a los medicamentos y a la atención dental. En cuanto a la salud mental, más de ocho de cada diez se mostraban con menos estrés y ansiedad y menor depresión. En el caso de Finlandia, un 60% de los beneficiarios consideraban que estaban bien, una cifra que se reducía al 52% en el grupo de desempleados que no habían percibido la ayuda. Lo mismo pasaba al ser preguntados sobre si estaban deprimidos: un 22% de los primeros respondían afirmativamente frente a un 32% de los no receptores.

 

Con información de infolibre por Álvaro Sánchez Castrillo | Víctor Gómez Frías | Teresa Sánchez

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